MOCOA: UN DRAMA SURGIDO DEL DESINTERÉS POLÍTICO

Por: Diego Andrés López Castaño

Tragedias como la ocurrida en Mocoa, Putumayo, podrían evitarse, o al menos mitigarse, si los colombianos pensáramos mejor a quiénes elegimos como garantes del bienestar colectivo.

En Colombia se ha convertido en una suerte de lugar común declararse apolítico. Es decir, la gente, cansada de la corrupción y el bandidaje de las clases dirigentes, siente que preocuparse por los temas propios de la política no tiene sentido. De esta manera, terminan más inquietos por un reinado de belleza, un partido de fútbol o un reality show.

Pero esta situación no deja de ser cuestionable, pues las decisiones fundamentales sobre las problemáticas que aquejan a la ciudadanía quedan en manos de personajes a los que, por lo general, no les interesan. Un buen número de políticos profesionales se dedican exclusivamente a promover el crecimiento de sus fortunas personales o las de sus aliados. Y se sienten confiados de hacerlo al no tener una veeduría ciudadana que les pida rendir cuentas y cumplir sus promesas de campaña. Así pues, todas esas razones que esgrimen los colombianos para despreocuparse de la política (corrupción, desigualdad social, falta de oportunidades) son resultado contradictorio de esa irreflexiva actitud.

Pongamos un ejemplo: La terrible tragedia que dejó más de 300 muertos en Mocoa, capital del departamento de Putumayo, parece que pudo evitarse. En el año 2015 el parlamentario Orlando Aníbal Guerra de la Rosa, en plenaria de la Cámara de Representantes y ante el desinterés de sus colegas, advertía sobre el riesgo que los ríos de la región representan para los pobladores. Por otro lado, ambientalistas y campesinos afirman haber denunciado el riesgo por deforestación, pero las autoridades departamentales, locales y nacionales hicieron caso omiso a estos llamados.

Aquel que quiera decir que no se pueden predecir los fenómenos naturales seguramente no ha escuchado a científicos y ambientalistas alertando sobre los riesgos del cambio climático. Así mismo, sobre el problema de la deforestación y la mala planeación de las ciudades. Situaciones frente a las cuales no se prestó la debida atención en el departamento del Putumayo y sigue sin prestársele en las diferentes zonas de riesgo identificadas a lo largo y ancho del país.

Resta preguntar ¿quién elige a los gobernantes que no toman las decisiones adecuadas para prevenir tragedias como las de Mocoa? Si los colombianos dejaran la pereza y se preocuparan un poco más por la construcción del bienestar común, seguramente serían más cuidadosos al elegir a sus representantes. Este evento terrible que nos entristece a todos es una prueba de lo problemático que puede ser declararse irreflexivamente apolítico.

COLOMBIA Y EL AZOTE DE LA IGNORANCIA

Por: Diego Andrés López Castaño

Leidy Jhoana Cardona Beltrán

Los recientes eventos políticos del país, con acalorados y desinformados debates en las redes sociales, nos hace pensar en los niveles de educación y conocimientos de los colombianos. El panorama no es alentador pues podemos ver que la ignorancia campea en estas discusiones virtuales.

La ignorancia puede definirse como falta de conocimientos. Uno puede encontrar personas que sepan mucho sobre un tema, pero poco o nada sobre otro; diremos de esas personas que son sabias en el primer tema e ignorantes en el segundo. Pero puede también darse el caso de personas que tengan falencias de conocimientos en la mayoría o todas las areas del saber. Cuando esta situación se da en la mayoría de habitantes de un país diremos que es un país de ignorantes.

La ignorancia se supera adquiriendo conocimientos y la manera más efectiva de hacerlo es leyendo. Sin embargo, a pesar de las maravillosas oportunidades que ofrece la lectura, pueden encontrarse personas que, sin ningún asomo de rubor, afirman que no les gusta leer. Este tipo de personas están condenadas a la ignorancia y condenan a sus semejantes, en no pocas ocasiones, a escuchar las burradas que produce su desconocimiento. Imagine el lector la caótica situación de un país en el que sus habitantes leen poco; decisiones trascendentales quedan al arbitrio de la ignorancia.

La realidad colombiana frente a la lectura es bastante preocupante pues el promedio es de 2 libros al año. Si se tiene en cuenta que el promedio se saca entre todo lo que leen los colombianos en su conjunto, significa que mientras algunos leen entre uno y cuatro libros al mes, es decir, entre 12 y 48 al año, otros no leen nada. Esas cifras nos hacen decir, sin temor a equivocarnos, que Colombia es un país en el que sus habitantes leen poco.

Es cierto que los libros no son la única forma de salir de la ignorancia, pues también existen los documentales, imágenes y, además se pueden transmitir conocimientos de forma oral. Los documentales y la forma oral de adquirir conocimiento son también útiles para nuestra evolución social. Sin embargo, los libros siguen abarcando un lugar mucho más importante en la variedad de cosas que nos ofrecen, pues además de brindar un conocimiento detallado de algún tema, hacen que el lector forme una serie de imágenes mentales en el proceso, que estimulan su imaginación y permiten activar la capacidad de discernimiento. La lectura además de estimular el sentido crítico, ofrece innumerables beneficios adicionales a los anteriores citados: agudiza la astucia, estimula la percepción y la concentración, mejora la habilidad de expresión, lectura y lenguaje y previene la deformación cognitiva. Por otro lado, favorece la mejora de habilidades sociales, como la empatía. Un ávido lector aprende a identificarse fácilmente con los personajes de las historias que lee y de esta forma está dispuesto a abrirse a otras vidas, es fácil para él ponerse en el lugar del otro. Todo esto nos dicta que la lectura ofrece una gama altísima en los beneficios del aprendizaje más que cualquier otro medio por el que se pueda obtener conocimiento.  

La situación a la que nos enfrentamos es aterradora, pues los colombianos prefieren las narconovelas y el reggaetón a un buen libro. Y con este deficiente alimento intelectual, este país de ignorantes toma decisiones políticas. Es cierto que por asuntos del azar puede tomar alguna buena decisión, pero también puede cometer la estupidez de preferir que un grupo armado siga inundando de sangre y terror el campo, sólo por el capricho de no querer ver a sus representantes participando en política, sino pudriéndose en una cárcer. Como si eso solucionara el problema.

A PESAR DE SU IMPERFECCIÓN, POR QUÉ APOYO EL ACUERDO LOGRADO ENTRE GOBIERNO Y FARC

Por: Diego Andrés López Castaño

Quise responder a la valiosa pregunta que me planteó una querida estudiante de derecho y es que si yo apoyaba el Sí en el plebiscito del próximo 2 de octubre por convicción o sólo por llevar la contraria al senador Álvaro Uribe. Aquí mi posición.

¡Qué pregunta la tuya! Empezaré por decir que si bien el senador Uribe no me gusta ni como político ni como persona, mi opinión sobre el país va más allá de él. Es decir, mi pensamiento y accionar político parten de lo que considero útil para el bien general, si eso es contrario a las posiciones del expresidente es algo meramente accidental.

Frente a los acuerdos de la Habana, no es que me gusten del todo. Yo realmente hubiera preferido que el gobierno propusiera reformas sociales y agrarias sin necesidad de un diálogo con grupos insurgentes y hubiera preferido que las FARC se hubieran sometido a la justicia ordinaria o el ejército las hubiera derrotado en combate. Lastimosamente lo que uno quiere no siempre corresponde con la realidad y con lo posible.

El documento de acuerdo no es perfecto, pero comparado con otros acuerdos para finalizar conflictos armados dentro y fuera de Colombia, creo que este tiene elementos que los superan. Enumerarlos ahora sería complicado, por razones de espacio y tiempo. Pero basta para mi presentar las dos razones que considero más fuertes para votar Sí.

Primero que todo, el recurso de la guerra ya se utilizó infructuosamente durante más de medio siglo. En todo lo que ha durado la guerra ninguno de los dos bandos ha sido capaz de imponerse al otro, a pesar de que ambos han tenido momentos en los que han presentado superioridad militar. De tal manera que esperar un cambio utilizando la misma metodología no es muy inteligente.

Y en segundo lugar, las FARC son una organización delincuencial, eso lo tenemos claro. En su accionar criminal han violado los derechos de muchos colombianos a la propiedad, a la libertad de movimiento y expresión, y en el colmo de la barbarie (propio de toda guerra) el derecho a la vida. El acuerdo ofrece la posibilidad de deshacernos de ese grupo ilegal, que abandona las armas para optar por la vía política para presentar sus propuestas de sociedad. Esta posibilidad implica que este grupo dejaría de asesinar, secuestrar y extorsionar ciudadanos.

Estas dos razones lo que implican es el ofrecimiento de tranquilidad a los campesinos colombianos. Los niños podrán ir tranquilos a la escuela, o a jugar en el potrero, sin el riesgo de caer víctimas de una mina antipersona o ser reclutados por las FARC. Es cierto que el acuerdo tiene puntos valiosos como la reforma agraria que hace tanto necesitamos, o una cierta garantía de justicia (con verdad, reparación y garantía de no repetición), pero aún si eso no estuviera en las 297 páginas del acuerdo, esta sola consecuencia es para mi tan valiosa e importante que estoy dispuesto a aceptar un acuerdo imperfecto como el que acordaron el gobierno y los insurgentes, para preservar la vida de nuestros compatriotas históricamente afectados por el conflicto y para poder presentar nuestras diferencias políticas en un ambiente democrático sin tener que matarnos unos a otros.

LA LUCHA DE PODER TRAS LAS MARCHAS HOMOFÓBICAS DE ESTA SEMANA

Por: Diego Andrés López Castaño

¿Que deberíamos hacer los colombianos, amarnos los unos a los otros y en ese sentido aceptar y respetar nuestras diferencias? ¿O tal vez odiarnos los unos a los otros y excluir y maltratar a quienes no compartan nuestras concepciones del mundo?

Convengamos que el ejercicio de poder busca que las concepciones del mundo de uno sean aceptadas por los otros, o al menos que los comportamientos de los otros sean compatibles con esas concepciones, así no las acepten. Dicho ejercicio puede partir de la construcción dialógica de acuerdos, también de la apelación a la seducción de las pasiones, o directamente de la imposición a través del uso de la fuerza. De tal manera que aunque no toda relación de poder tiene que ser un acto violento e impositivo, todo intento de imponer a la fuerza una forma de comprender la realidad sí hace parte de una lucha de poder.

Durante la semana que termina, en Colombia hemos asistido a un espectáculo que no se veía hacía mucho tiempo. Miles de colombianos salieron a las calles a protestar contra lo que consideran la imposición de la ideología de género por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN). ¿De dónde nace el enojo? Un fallo proferido por la Corte Constitucional, nacido a raíz del suicidio de un joven acosado en el colegio debido a su condición sexual, ordena la revisión de todos los manuales de convivencia de las instituciones educativas para garantizar que no permitan ese tipo de discriminación. En obediencia a esta orden judicial, el MEN se alió con otras instituciones para elaborar un documento que permita determinar si existe discriminación sexual en los colegios del país y de qué manera evitar que eso ocurra, promoviendo el respeto por la diversidad sexual.

Dicha actitud, según los marchantes, atenta contra su concepción de la sexualidad y la familia. Lo que aducen los marchantes es que desde el gobierno nacional se quiere destruir la idea que tienen ellos de familia tradicional conformada por papá, mamá e hijos. Pero además advierten que en ese intento adoctrinarán a los niños para que se inclinen a la homosexualidad. La intención de la marcha es oponerse a los intentos del ministerio y lograr que su idea de familia y su concepción religiosa de la sexualidad sea la que se enseñe en las instituciones educativas.

Hay que decir de todas formas, que si bien es cierto la marcha es liderada por sectores católicos y evangélicos que, dicho sea de paso, se la pasan peleando entre ellos y lanzándose acusaciones mutuas, en este caso y para negar el derecho a la diversidad sexual olvidan sus diferencias y trabajan como hermanitos muy unidos por una causa. De todas maneras hay que reconocer que no todos los cristianos están de acuerdo con esta postura. Tanto dentro de la Iglesia Católica como de las congregaciones evangélicas muchos prefieren hacer caso a su fundador y amar a todos, como enseña el pasaje bíblico del buen samaritano. Entre otras cosas porque en sus propias familias acogen hijos homosexuales y prefieren amarlos a maltratarlos.

Aquí tenemos entonces dos concepciones diferentes cuyos defensores se enfrentar para ver quién logra que la suya cale en la sociedad en general. Es indudablemente una lucha de poder. Una de estas dice que los roles de género son naturales y que dependen del sexo con el que se nace, por lo tanto hay que asumirlos. La otra afirma que, si bien nacemos con un sexo determinado, el rol que jugamos después es una construcción social y por lo tanto podemos decidirlo. Pero la diferencia más grande radica en que una de las visiones intenta generar exclusión la otra inclusión. ¿Cuál nos conviene más como sociedad?

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA: LA REINSERCIÓN DE LAS FARC

Por: Diego Andrés López Castaño

Los colombianos tenemos que plantearnos una pregunta seria: ¿Queremos más guerra o queremos fortalecer la democracia? El actual proceso de paz con las FARC es un momento propicio para responder, no sólo con palabras sino con actos, esta pregunta.

La democracia es un sistema político cuya creación atribuimos a los antiguos griegos. Dicho sistema consiste en que las decisiones que atañen a la comunidad en general deben ser tomadas por todos los ciudadanos y no por unos pocos. De tal manera que evitar la exclusión de ciudadanos y permitirles presentar su voz, aunque esta difiera de la mayoría, con la intención de llegar a acuerdos, fortalece la democracia.

Difícilmente se puede pretender que en una comunidad humana todos sus miembros piensen de la misma manera. Asuntos como los criterios de vida buena o justicia no dependen de los caprichos de un legislador o de una mayoría, sino que requieren el concurso de la discusión razonable y los acuerdos a los que lleguen los implicados. No hay algo que afecte más a la democracia que la imposición, sea legal o sea de hecho, de los criterios de unos sobre los demás. Por el contrario, incentivar la construcción dialógica es la mejor manera de hacer real la participación ciudadana y de esta manera revitalizar el ejercicio democrático.

La incapacidad del Estado colombiano para fomentar el diálogo y la participación de todos los ciudadanos generó y sigue generando episodios de violencia; pues muchas veces los excluidos sienten que no hay otra forma de hacer escuchar su voz y valer sus derechos. Seguramente preocupado por la afectación a los intereses económicos de su clase, o por un efectivo afán de mejorar las condiciones de vida de los colombianos, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón ha dispuesto canales de diálogo con algunos de esos grupos generadores de violencia para permitirles reinsertarse en la vida civil. Tal vez el diálogo más significativo es el que se adelanta en la Habana Cuba con representantes del gobierno y la guerrilla de las FARC. Acuerdo que, de ser refrendado en las urnas por el pueblo colombiano y de ser respetado por ambas partes, pondría fin a un conflicto de más de medio siglo y permitiría a un grupo de colombianos excluidos del sistema participar en la toma de decisiones sobre asuntos clave para el país.

Aquellos que abiertamente se han declarado enemigos de la paz y hacen campaña en contra del proceso se justifican desde un profundo sentimiento de venganza diciendo que a los guerrilleros no hay que incluirlos en la sociedad, sino matarlos o llevarlos a la cárcel. Pero no se dan cuenta de que eso es lo que se viene haciendo durante más de 50 años y el único resultado obtenido es que los campos de Colombia están bañados en sangre de compatriotas pobres, mientras se han ensanchado los bolsillos de compatriotas ricos. Y sin querer caer en la actitud de los gurús de la autoayuda y la superación personal, hay que recordar una obviedad: No se obtienen resultados diferentes sin cambiar lo métodos. (VER: LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA EN EL PROCESO DE PAZ COLOMBIANO)

Así pues, quienes se presentan como defensores de la democracia necesariamente tendrán que ser defensores del diálogo y la inclusión. Necesariamente tendrán que ser defensores del diálogo y el debate de las ideas. En ese sentido pensar en la integración postdesarme de los guerrilleros de las FARC a la vida civil, no es más que pensar en un fortalecimiento de la democracia que invoca la constitución de 1991.

URIBISMO: UNA ACTITUD ANTIDEMOCRÁTICA

En el entendido que el culto a un individuo lesiona profundamente la democracia, al impedir la diversidad de pensamiento, un acercamiento a la concepción del uribismo presentaría a esta ideología como una actitud antidemocrática pues está afincada en el culto a la figura de su máximo líder.

Del griego δῆμος (pueblo) y κράτος (poder), la democracia se ha convertido en el modelo político occidental más valorado, pues permite a todos los asociados de un Estado participar en la toma de decisiones que tienen que ver con el bien común. En ese sentido, el ejercicio político se basa en el diálogo que permite construir acuerdos de convivencia.

La democracia, entendida así, impide que las opiniones, los deseos o intereses, de un individuo particular se antepongan e impongan a la ciudadanía en general. De esta manera el culto a los planteamientos de un individuo, que es propio de la religión y no de la democracia, representa una actitud que atenta contra la misma.

Es bien sabido que el partido Centro Democrático no se constituyó luego de una discusión ideológica en la que un grupo de personas acordaron una serie de lineamientos con base en los cuales hacer propuestas de construcción de sociedad. Se constituyó más bien en torno a la imagen del hoy senador, Álvaro Uribe Vélez. Es muy diciente que su declaración política inicia recordando que: “En el día de hoy se reunieron: Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Vélez, Carlos Holmes Trujillo, Francisco Santos y Rafael Guarín con el expresidente Álvaro Uribe Vélez” No es un grupo de ciudadanos reunidos en igualdad de condiciones, hay uno diferente, que además es el centro de la reunión. Un grupo de ciudadanos se reúne con un individuo para instituir un proyecto político. El resto del documento no es más que la repetición de lo que reiteradamente dice su líder en apariciones públicas. La anterior es una muestra del culto a un hombre y no la construcción colectiva de un partido político.

Por otra parte, el funcionamiento del partido no pasa por la construcción dialógica, sino que parte siempre de las órdenes de su líder. Un ejemplo de esto es la respuesta de un precandidato a la gobernación del Quindío en 2015 al ser preguntado por La Crónica sobre su candidatura. Él respondió: “Soy el candidato oficial del Centro Democrático, pero espero la confirmación del presidente Uribe”. No espera la confirmación del partido, ni siquiera de Oscar Iván Zuluaga, su director general; espera la confirmación del individuo en torno al cual se ha formado esta colectividad.

Esta forma de culto ha generado en Colombia una actitud de desprecio por el pensamiento diferente, por la actitud crítica propia de los intelectuales, por la construcción colectiva del bien común. Los seguidores del señor del Ubérrimo ven en él la única posibilidad de sensatez y salvación, exigiendo a los demás ciudadanos que abandonen la crítica y se sumen a sus ideas políticas. De esta manera, el Centro Democrático y el uribismo en general se han convertido en un atentado a la democracia, que partiendo del culto a un individuo niega y maltrata la diversidad social.

LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA EN EL PROCESO DE PAZ COLOMBIANO

Por: Diego Andrés López Castaño

La justicia puede entenderse como la búsqueda del equilibrio perdido. ¿Por qué se ha perdido ese equilibrio? Porque las acciones de unos lesionan los derechos e intereses de otros. La definición clásica dirá: “dar a cada cual lo que merece”.

Aquel que ha sido agredido viendo sus derechos violentados es una víctima. Tratar de restablecer esos derechos que han sido vulnerados es lo que se conoce como reparación. En ese sentido reparar a la victima es una forma de darle lo que merece, es decir, una búsqueda de justicia.

Colombia vive hace décadas un conflicto armado interno generado por la incapacidad del estado de responder a las necesidades de un gran número de sus asociados. Diferentes grupos de ciudadanos se alzaron en armas contra esa institucionalidad con la pretensión de tomarse el poder y generar esas condiciones de igualdad inexistentes en el país. En su búsqueda por tomarse el poder los diferentes grupos armados al margen de la ley han violentado los derechos de muchos colombianos. Derechos como la propiedad privada, la libertad y en el colmo de la barbarie, la vida. De tal manera que han generado miles de víctimas del conflicto.

Hace tres años el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón inició diálogos con el grupo guerrillero conocido como FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo). La intención principal es que los miembros de dicha organización insurgente abandonen las armas y vuelvan a la vida civil.

Uno de los principales temas de discusión en la mesa de negociaciones tiene que ver con la reparación a las víctimas. ¿De qué manera recuperar el equilibrio perdido a causa del conflicto? Al contrario de lo que creen muchos, ese equilibrio no se recupera necesariamente poniendo en prisión a los culpables. Porque dar a cada cual lo que merece implica más bien recuperar los bienes que hayan sido arrebatados, comprender las razones por las que los derechos fueron vulnerados, tener la seguridad de que ese tipo de hechos no se volverán a repetir. En ese sentido, poner a un victimario en la cárcel no necesariamente devuelve los bienes o los seres queridos perdidos y por el contrario genera un inconveniente para que un combatiente quiera abandonar las armas, de tal manera que no se garantiza la no repetición de los hechos criminales, sino más bien su perpetuación.

Lo que se conoce del acuerdo de justicia transicional al que se llegó en la mesa de la Habana, es precisamente que los guerrilleros están dispuestos a contar la verdad, a no volver a cometer esos crímenes y a reparar a las víctimas. Así mismo aceptan una limitación a su libertad, que no cárcel, si confiesan sus crímenes. Ir a la cárcel por un período no muy alto si los confiesan tardíamente. Y hasta 20 años de prisión si no confiesan y son encontrados culpables. Pero además dicho acuerdo ofrece las mismas garantías para otros actores del conflicto que no son miembros de los grupos insurgentes, es decir, empresarios, políticos, militares, etc. que desde el otro extremo también generaron víctimas en el conflicto.

Lo que tenemos entonces es que, al contrario de lo que dicen los detractores del proceso, no se busca la impunidad sino la reparación de las víctimas tratando de devolver al país el equilibrio perdido tras el conflicto. Es una búsqueda de justicia. Si bien se ofenden porque no necesariamente habrá cárcel para los victimarios, lo que hay que entender es que cárcel y justicia no son lo mismo, esa búsqueda de venganza de los detractores del proceso, no garantizaría más que la eterna repetición de esos lamentables hechos fruto del conflicto.